DENUNCIA PRESENTADA ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS POR LA PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL RELATIVA A LA POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

El respeto a los derechos humanos en cualquier sociedad democrática exige la existencia de una Justicia independiente de injerencias políticas. En España, sin embargo, los recientes ataques a la separación de poderes están poniendo en peligro el Estado de Derecho. Tan grave es la situación que se hace urgente poner los hechos en conocimiento de Naciones Unidas, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer las mínimas garantías en materia jurisdiccional.

Con tal propósito la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha interpuesto una denuncia a la relatora especial de la ONU, doña Gabriel Knaul, cuyas líneas esenciales se sintetizan en este documento distribuido a la opinión pública. Dicha Plataforma es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a jueces, fiscales, abogados, secretarios judiciales, profesores universitarios, notarios, y numerosos ciudadanos de todas las profesiones preocupados por el progresivo deterioro de la Justicia española.

La PCIJ ha informado a Naciones Unidas de la desconfianza ciudadana ante la corrupción que afecta a la clase política, muchos de cuyos miembros están incursos en procedimientos judiciales para reclamarles responsabilidades de naturaleza penal. En este contexto el poder político ha reaccionado aumentando los mecanismos de control sobre los tribunales con medidas como las siguientes:

La reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (2013), en cuya virtud el órgano de gobierno de los jueces se designa en su totalidad por los grupos parlamentarios. Los miembros de este órgano (Consejo General del Poder Judicial-CGPJ) provienen del acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios, sin que su procedimiento de selección haya contado con las mínimas garantías de objetividad. Los jueces, en cambio, ya desde el año 1985 han sido privados del derecho a votar a ningún representante propio en dicho consejo. La actual reforma se hace incumpliendo el programa electoral, pues el partido gobernante había prometido retornar a un sistema en que los miembros del Poder Judicial recobraran el sufragio activo. La actual regulación contraviene los informes del relator de NNUU del año 2009 y del Comité Consultivo de Jueces del Consejo de Europa.

El referido Consejo está llamado, en teoría, a proteger a los jueces de las injerencias del poder político y, de este modo, garantizar a los ciudadanos su derecho constitucional a una justicia independiente. Pese a ello, su composición depende de los mismos partidos políticos frente a los que debería ser garante. También le están encomendadas, entre otras atribuciones, el nombramiento de altos cargos judiciales, la exigencia de responsabilidad disciplinaria a los integrantes de la judicatura, así como la promoción y ascensos judiciales. El resultado es que estas materias, directa o indirectamente, corren el riesgo de ser mediatizadas por el poder político. Es más, no existen reglas que permitan asegurar suficientemente la provisión de dichos puestos con arreglo a los criterios de mérito y capacidad, con lo que siempre permanece la sospecha de que la razón última sea la afinidad ideológica o partidista. Este peligro se ve agravado por la ausencia de procedimientos objetivos para la prórroga de las comisiones de servicio e incluso por la utilización de jueces en prácticas para ejercer la jurisdicción cuando todavía están siendo evaluados por la Escuela Judicial y pendientes

de la emisión de informe por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

Por otro lado, y en lo que respecta a la responsabilidad personal, los jueces se hallan en una situación de inseguridad que los convierte en especialmente vulnerables frente a las injerencias de toda índole, especialmente en casos de corrupción que afecten al poder político. Así, están sometidos los magistrados españoles a un severo régimen de responsabilidad, al castigarse criminalmente la prevaricación culposa, es decir, los errores no maliciosos en la aplicación de la Ley. Además, deben responder del correcto funcionamiento de una oficina judicial sobre la que carecen de facultades directivas u organizativas. En esta misma línea, es ese mismo poder político el encargado de suministrar de recursos económicos a los tribunales, por lo que la penuria de medios es susceptible de derivar en impunidad. La sobrecarga de trabajo de los jueces españoles es abrumadora, al estar su número muy por debajo de la media europea. Todo ello se ve agravado por la falta de mecanismos de protección adecuados para desempeñar sin perturbaciones su labor, pues que es el mismo CGPJ el encargado de prestarles amparo ante los ataques externos merced a un procedimiento tan ineficaz que, en la práctica, ha caído casi en desuso. Por último, muchos jueces españoles sufren el acoso verbal y hasta físico de individuos o colectivos que pretenden influir en sus decisiones, sin que se haya articulado un plan de protección para preservar un mínimo de tranquilidad anímica o incluso de seguridad personal en la tantas veces arriesgada tarea de impartir justicia.

Ante semejantes deficiencias estructurales se advierte en el poder político una reacción defensiva que, lejos de corregirlas, multiplica los instrumentos de control sobre la Administración de Justicia. Muestra de ello es el anteproyecto de ley de Planta Judicial, en la cual se prevé imponer a los órganos jurisdiccionales la figura de un llamado “Presidente del Tribunal de Instancia” dotado de facultades directivas sobre los actuales juzgados y nombrado por ese mismo Consejo cuyos miembros fueron previamente escogidos por el poder político; es más, suprime los jueces decanos, portavoces democráticos votados libremente dentro de su respectivo territorio judicial, con lo que se priva a la judicatura española de su más directo cauce de representación. Del mismo modo, el CGPJ y la Fiscalía firmaron recientemente un convenio para coordinarse en la inspección de los tribunales, con lo que se abren nuevas vías de intromisión sobre la actividad jurisdiccional. En España los fiscales no son independientes, sino que dependen jerárquicamente de una jefatura designada por el Poder Ejecutivo. También existen borradores normativos para atribuir la investigación criminal al Ministerio Fiscal, con lo que la averiguación del delito, a la postre, quedaría influida por una clase política a menudo inmiscuida en asuntos de corrupción. A través de un circuito más o menos explícito, investigador e investigado quedarían conectados mediante el poder político.

Todas estas circunstancias (que se amplían y detallan en la presente denuncia) amenazan el respeto a los derechos humanos en el Reino de España, al verse comprometida la garantía de sus ciudadanos a contar con tribunales de justicia independientes del poder político. En consecuencia, comprobado el fracaso de los mecanismos de control internos, se hace inaplazable la intervención de una autoridad internacional.

Madrid, cinco de enero del año 2014.

Qué piden los jueces al nuevo Consejo General del Poder Judicial

Al nuevo Consejo se le pide torne su punto de mira, en vez de atender con servilismo a la mano que los ha impulsado hasta el lugar que ocupan, se ajusten bien las alpargatas que van a usar en el desempeño de su labor y se fijen bien en que la vocación de servicio es la que debe guiar su caminar. La Norma de normas les encarga el cometido de velar para que la labor jurisdiccional resulte real y efectiva, sin distracciones de sus gobernados ni desigualdades en el trato a los mismos. La única dependencia posible debe ser a la tarea de guardar fielmente y con mimo el actuar de Jueces y Magistrados, evitando cualquier injerencia que pueda perturbar la sumisión de los mismos al ordenamiento jurídico y que puedan fluctuar hacia perversiones que vapuleen la ya de por sí depreciada hermana pobre de los Poderes del Estado, como es la Justicia.

Si tenemos en cuenta el acervo comunitario, que recoge de modo expreso la independencia de los Consejos de Justicia (denominación genérica usada para referirse a los órganos de gobierno de los jueces), así como que más de la mitad de sus miembros sean nombrados por los jueces entre ellos mismos, se exige que, aunque resulte una perogrullada, debe ser cumplida la normativa europea que nos vincula como Estado Miembro de la UE y a la que nos debemos. Por todo ello, resulta necesario para la supervivencia de la Justicia como uno de los miembros u órganos vitales del Estado de Derecho que, lejos de ser controlados por personas nombradas de forma espúrea y totalmente interesada por el Poder Ejecutivo, bajo el filtro del Legislativo conforme a directrices torticeras bajo eufemismos clamorosos como los contenidos la Exposición de Motivos de la L.O. 4/2013, que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O 6/1985, de 1 de julio) que asegura dotar de mayor independencia y garantías a la actividad del Consejo General del Poder Judicial, cuando realmente retuerce de forma fatídica dichos nombramientos, sometiéndolos al devenir de los vientos de las mayorías parlamentarios del momento, al tiempo que, entre otras perversiones, avoca muchas de sus funciones a favor del Ministerio de Justicia, volviendo a tiempos más propios del medievo o de las monarquías absolutistas.

Se espera que el Consejo aporte al trabajo de quienes imparten justicia tranquilidad, serenidad, seguridad. Se trata de que el juez pueda desarrollar su cometido con arreglo a sus principios, que nadie, ni desde dentro de la Justicia ni desde otros ámbitos pueda interponerse entre el magistrado y su tan delicado como importante papel. Sin otras presiones más que el cumplimiento fiel de la ley, no cabe duda de que el justiciable obtendrá mayores cotas de seguridad jurídica y, no sólo la imagen que la ciudadanía tiene de la justicia se tornará más amable y fiable, sino que la sociedad en su conjunto avanzará de mejor manera si cuenta con una justicia real y efectivamente independiente, que aplica el ordenamiento vigente a los todos los individuos por igual y que mira y protege a la población sin hacer distingos.

No se trata de seguir con los tópicos, sino de ponerse firme de una vez; así como el Poder Ejecutivo y el Legislativo cuentan con sus propios mecanismos de defensa y, sobre todo, de barreras que impiden en muchos casos la exigencia de responsabilidad de sus propios miembros para irritación del pueblo, que se otorgue la legitimidad prevista en nuestro texto constitucional al CGPJ y que dicho órgano desempeñe de modo efectivo la protección y amparo de los jueces y magistrados a quienes se debe; que, por fin, deje de ser azote de quienes se limitan a cumplir con su cometido y que desempeñe la mejor de las protecciones dentro de los márgenes constitucionales y legales a sus gobernados, tal y como, insistimos, previó el constituyente, y que el resto de poderes ha ido deformando (véase la Exposición de Motivos de la L.O. 6/1985 ya mentada, L.O. 2/2001, y especialmente la última L.O. 4/2013); y a los que el Tribunal constitucional no ha tenido el menor empacho en enmendarles la plana ratificando con tibias y temblorosas críticas, dando pie a que sean políticos con piel de juristas quienes se encarguen de llevar a cabo funciones que de ningún modo desempeñan, con los juzgadores y el Poder que desempeñan en mente, sino más bien en términos de cuotas de poder, de réditos políticos y prebendas parlamentarias. Oídos sordos es lo que hallan los jueces cuando hacen crítica hacia este sistema, cada vez más perverso, el cual no les lleva sino a una dominación aberrante que impide, en muchas ocasiones, actuar más que como lo haría un asno de las que muelen trigo en las eras, con los ojos casi ocultos por completo y con el camino marcado de antemano.

La ciudadanía puede que tenga una formación mayor o menor, pero desde luego no es ignorante. Defenderse de las críticas que granjea tanto ataque al sistema judicial aduciendo que los jueces y magistrados se quejan debido a que han perdido capacidad económica es un absurdo supino, pues si éstos carecieran de una vocación férrea y duradera, difícilmente se comprende que lleven a cabo una labor de tantísima responsabilidad con la entereza y profesionalidad que en tan alto grado desempeñan. Desde las cocinas de la Judicatura se observa bien a las claras que si no hubiera tanto juez que trabaja tan duro y con tal ahínco, si no fuera así, el sistema no lo habría podido resistir.

Todo ello, sin mencionar el cada vez mayor número de nombramientos discrecionales a cargo del Consejo que adulteran de forma bochornosa el escalafón de la Carrera Judicial. El juez de a pie observa con tristeza el hecho de que, si quiere progresar en su carrera, debe entrar en un batiburrillo que poco o nada tiene que ver en sentido estricto con su trabajo, sino que tiene que hacer uso del amiguismo, tan de moda pero de tan poca altura moral.

Davit Benavent Cuquerella

Charla sobre los Derechos Humanos

CHARLA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS A LA FPA BENIASSENT

http://fpabeniassent.edu.gva.es/premsa/?p=248

¿CHARLA O DEBATE?

Por Dani Coloma – GES2 Cocentaina

El día 28 de Enero de 2013 hubo una charla sobre los Derechos Humanos en el centro educativo FPA Beniassent  (Cocentaina). La charla fue dirigida  por Davit Benavent Cuquerella, de Benigànim, licenciado en derecho y  juez.

La charla  trató sobre los antecedentes de la DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos), la ONU, la evolución y el hundimiento  de los derechos humanos y algunas cosas  más que fueron bastante interesantes.

David Benavent explicó  cómo se habían ido actualizando los derechos  humanos, perola charla se convirtió en debate, porque en cada apartado las  personas que escuchaban decían lo que pensaban.

En realidad, esta actividad es muy positiva para que  las personas se conciencien de la gravedad  del asunto y sepan lo que está ocurriendo  en el mundo y también cómo ha evolucionado  este tema.

Esperemos que nos ofrezcan más charlas de este  tipo, porque en realidad valen la pena y nos hacen falta.