Al nuevo Consejo se le pide torne su punto de mira, en
vez de atender con servilismo a la mano que los ha impulsado hasta el lugar que
ocupan, se ajusten bien las alpargatas que van a usar en el desempeño de su
labor y se fijen bien en que la vocación de servicio es la que debe guiar su
caminar. La Norma de normas les encarga el cometido de velar para que la labor
jurisdiccional resulte real y efectiva, sin distracciones de sus gobernados ni
desigualdades en el trato a los mismos. La única dependencia posible debe ser a
la tarea de guardar fielmente y con mimo el actuar de Jueces y Magistrados,
evitando cualquier injerencia que pueda perturbar la sumisión de los mismos al
ordenamiento jurídico y que puedan fluctuar hacia perversiones que vapuleen la
ya de por sí depreciada hermana pobre de los Poderes del Estado, como es la
Justicia.
Si tenemos en cuenta el acervo comunitario, que recoge de
modo expreso la independencia de los Consejos de Justicia (denominación
genérica usada para referirse a los órganos de gobierno de los jueces), así
como que más de la mitad de sus miembros sean nombrados por los jueces entre
ellos mismos, se exige que, aunque resulte una perogrullada, debe ser cumplida
la normativa europea que nos vincula como Estado Miembro de la UE y a la que
nos debemos. Por todo ello, resulta necesario para la supervivencia de la
Justicia como uno de los miembros u órganos vitales del Estado de Derecho que,
lejos de ser controlados por personas nombradas de forma espúrea y totalmente
interesada por el Poder Ejecutivo, bajo el filtro del Legislativo conforme a
directrices torticeras bajo eufemismos clamorosos como los contenidos la
Exposición de Motivos de la L.O. 4/2013, que reforma la Ley Orgánica del Poder
Judicial (L.O 6/1985, de 1 de julio) que asegura dotar de mayor independencia y
garantías a la actividad del Consejo General del Poder Judicial, cuando
realmente retuerce de forma fatídica dichos nombramientos, sometiéndolos al
devenir de los vientos de las mayorías parlamentarios del momento, al tiempo
que, entre otras perversiones, avoca muchas de sus funciones a favor del
Ministerio de Justicia, volviendo a tiempos más propios del medievo o de las
monarquías absolutistas.
Se espera que el Consejo aporte al trabajo de quienes
imparten justicia tranquilidad, serenidad, seguridad. Se trata de que el juez
pueda desarrollar su cometido con arreglo a sus principios, que nadie, ni desde
dentro de la Justicia ni desde otros ámbitos pueda interponerse entre el
magistrado y su tan delicado como importante papel. Sin otras presiones más que
el cumplimiento fiel de la ley, no cabe duda de que el justiciable obtendrá
mayores cotas de seguridad jurídica y, no sólo la imagen que la ciudadanía
tiene de la justicia se tornará más amable y fiable, sino que la sociedad en su
conjunto avanzará de mejor manera si cuenta con una justicia real y
efectivamente independiente, que aplica el ordenamiento vigente a los todos los
individuos por igual y que mira y protege a la población sin hacer distingos.
No se trata de seguir con los tópicos, sino de ponerse
firme de una vez; así como el Poder Ejecutivo y el Legislativo cuentan con sus
propios mecanismos de defensa y, sobre todo, de barreras que impiden en muchos
casos la exigencia de responsabilidad de sus propios miembros para irritación
del pueblo, que se otorgue la legitimidad prevista en nuestro texto
constitucional al CGPJ y que dicho órgano desempeñe de modo efectivo la
protección y amparo de los jueces y magistrados a quienes se debe; que, por
fin, deje de ser azote de quienes se limitan a cumplir con su cometido y que
desempeñe la mejor de las protecciones dentro de los márgenes constitucionales
y legales a sus gobernados, tal y como, insistimos, previó el constituyente, y que
el resto de poderes ha ido deformando (véase la Exposición de Motivos de la
L.O. 6/1985 ya mentada, L.O. 2/2001, y especialmente la última L.O. 4/2013); y
a los que el Tribunal constitucional no ha tenido el menor empacho en
enmendarles la plana ratificando con tibias y temblorosas críticas, dando pie a
que sean políticos con piel de juristas quienes se encarguen de llevar a cabo
funciones que de ningún modo desempeñan, con los juzgadores y el Poder que
desempeñan en mente, sino más bien en términos de cuotas de poder, de réditos
políticos y prebendas parlamentarias. Oídos sordos es lo que hallan los jueces cuando
hacen crítica hacia este sistema, cada vez más perverso, el cual no les lleva
sino a una dominación aberrante que impide, en muchas ocasiones, actuar más que
como lo haría un asno de las que muelen trigo en las eras, con los ojos casi
ocultos por completo y con el camino marcado de antemano.
La ciudadanía puede que tenga una formación mayor o
menor, pero desde luego no es ignorante. Defenderse de las críticas que granjea
tanto ataque al sistema judicial aduciendo que los jueces y magistrados se
quejan debido a que han perdido capacidad económica es un absurdo supino, pues
si éstos carecieran de una vocación férrea y duradera, difícilmente se
comprende que lleven a cabo una labor de tantísima responsabilidad con la
entereza y profesionalidad que en tan alto grado desempeñan. Desde las cocinas
de la Judicatura se observa bien a las claras que si no hubiera tanto juez que
trabaja tan duro y con tal ahínco, si no fuera así, el sistema no lo habría podido
resistir.
Todo ello, sin mencionar el cada vez mayor número de
nombramientos discrecionales a cargo del Consejo que adulteran de forma
bochornosa el escalafón de la Carrera Judicial. El juez de a pie observa con
tristeza el hecho de que, si quiere progresar en su carrera, debe entrar en un
batiburrillo que poco o nada tiene que ver en sentido estricto con su trabajo,
sino que tiene que hacer uso del amiguismo, tan de moda pero de tan poca altura
moral.
Davit Benavent Cuquerella
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