El respeto
a los derechos humanos en cualquier sociedad democrática exige la existencia de
una Justicia independiente de injerencias políticas. En España, sin embargo,
los recientes ataques a la separación de poderes están poniendo en peligro el
Estado de Derecho. Tan grave es la situación que se hace urgente poner los
hechos en conocimiento de Naciones Unidas, a fin de que se adopten las medidas
necesarias para restablecer las mínimas garantías en materia jurisdiccional.
Con tal
propósito la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha interpuesto
una denuncia a la relatora especial de la ONU, doña Gabriel Knaul, cuyas líneas
esenciales se sintetizan en este documento distribuido a la opinión pública. Dicha
Plataforma es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a jueces,
fiscales, abogados, secretarios judiciales, profesores universitarios,
notarios, y numerosos ciudadanos de todas las profesiones preocupados por el
progresivo deterioro de la Justicia española.
La PCIJ ha
informado a Naciones Unidas de la desconfianza ciudadana ante la corrupción que
afecta a la clase política, muchos de cuyos miembros están incursos en procedimientos
judiciales para reclamarles responsabilidades de naturaleza penal. En este
contexto el poder político ha reaccionado aumentando los mecanismos de control sobre
los tribunales con medidas como las siguientes:
La
reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (2013), en cuya virtud el
órgano de gobierno de los jueces se designa en su totalidad por los grupos parlamentarios.
Los miembros de este órgano (Consejo General del Poder Judicial-CGPJ) provienen
del acuerdo entre los partidos políticos mayoritarios, sin que su procedimiento
de selección haya contado con las mínimas garantías de objetividad. Los jueces,
en cambio, ya desde el año 1985 han sido privados del derecho a votar a ningún
representante propio en dicho consejo. La actual reforma se hace incumpliendo el
programa electoral, pues el partido gobernante había prometido retornar a un sistema
en que los miembros del Poder Judicial recobraran el sufragio activo. La actual
regulación contraviene los informes del relator de NNUU del año 2009 y del
Comité Consultivo de Jueces del Consejo de Europa.
El
referido Consejo está llamado, en teoría, a proteger a los jueces de las injerencias
del poder político y, de este modo, garantizar a los ciudadanos su derecho constitucional
a una justicia independiente. Pese a ello, su composición depende de los mismos
partidos políticos frente a los que debería ser garante. También le están encomendadas,
entre otras atribuciones, el nombramiento de altos cargos judiciales, la exigencia
de responsabilidad disciplinaria a los integrantes de la judicatura, así como
la promoción y ascensos judiciales. El resultado es que estas materias, directa
o indirectamente, corren el riesgo de ser mediatizadas por el poder político.
Es más, no existen reglas que permitan asegurar suficientemente la provisión de
dichos puestos con arreglo a los criterios de mérito y capacidad, con lo que
siempre permanece la sospecha de que la razón última sea la afinidad ideológica
o partidista. Este peligro se ve agravado por la ausencia de procedimientos
objetivos para la prórroga de las comisiones de servicio e incluso por la
utilización de jueces en prácticas para ejercer la jurisdicción cuando todavía
están siendo evaluados por la Escuela Judicial y pendientes
de la
emisión de informe por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia.
Por otro
lado, y en lo que respecta a la responsabilidad personal, los jueces se hallan
en una situación de inseguridad que los convierte en especialmente vulnerables frente
a las injerencias de toda índole, especialmente en casos de corrupción que afecten
al poder político. Así, están sometidos los magistrados españoles a un severo régimen
de responsabilidad, al castigarse criminalmente la prevaricación culposa, es decir,
los errores no maliciosos en la aplicación de la Ley. Además, deben responder del
correcto funcionamiento de una oficina judicial sobre la que carecen de
facultades directivas u organizativas. En esta misma línea, es ese mismo poder
político el encargado de suministrar de recursos económicos a los tribunales,
por lo que la penuria de medios es susceptible de derivar en impunidad. La
sobrecarga de trabajo de los jueces españoles es abrumadora, al estar su número
muy por debajo de la media europea. Todo ello se ve agravado por la falta de
mecanismos de protección adecuados para desempeñar sin perturbaciones su labor,
pues que es el mismo CGPJ el encargado de prestarles amparo ante los ataques
externos merced a un procedimiento tan ineficaz que, en la práctica, ha caído
casi en desuso. Por último, muchos jueces españoles sufren el acoso verbal y
hasta físico de individuos o colectivos que pretenden influir en sus
decisiones, sin que se haya articulado un plan de protección para preservar un
mínimo de tranquilidad anímica o incluso de seguridad personal en la tantas
veces arriesgada tarea de impartir justicia.
Ante
semejantes deficiencias estructurales se advierte en el poder político una reacción
defensiva que, lejos de corregirlas, multiplica los instrumentos de control sobre
la Administración de Justicia. Muestra de ello es el anteproyecto de ley de
Planta Judicial, en la cual se prevé imponer a los órganos jurisdiccionales la
figura de un llamado “Presidente del Tribunal de Instancia” dotado de facultades
directivas sobre los actuales juzgados y nombrado por ese mismo Consejo cuyos
miembros fueron previamente escogidos por el poder político; es más, suprime
los jueces decanos, portavoces democráticos votados libremente dentro de su
respectivo territorio judicial, con lo que se priva a la judicatura española de
su más directo cauce de representación. Del mismo modo, el CGPJ y la Fiscalía
firmaron recientemente un convenio para coordinarse en la inspección de los
tribunales, con lo que se abren nuevas vías de intromisión sobre la actividad
jurisdiccional. En España los fiscales no son independientes, sino que dependen
jerárquicamente de una jefatura designada por el Poder Ejecutivo. También
existen borradores normativos para atribuir la investigación criminal al
Ministerio Fiscal, con lo que la averiguación del delito, a la postre, quedaría
influida por una clase política a menudo inmiscuida en asuntos de corrupción. A
través de un circuito más o menos explícito, investigador e investigado quedarían
conectados mediante el poder político.
Todas
estas circunstancias (que se amplían y detallan en la presente denuncia) amenazan
el respeto a los derechos humanos en el Reino de España, al verse comprometida
la garantía de sus ciudadanos a contar con tribunales de justicia independientes
del poder político. En consecuencia, comprobado el fracaso de los mecanismos de
control internos, se hace inaplazable la intervención de una autoridad internacional.
Madrid, cinco de enero del año 2014.
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